El sorpresivo informe publicado el viernes último en la página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ) es oficial y exhibe como fuente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. Ese documento tiene un detalle que pasó casi inadvertido: habla  de la "existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos" que operó "entre los años 2008 y 2015".

"La familia Macri vendió una de sus empresas, IECSA, al primo del hoy presidente, Angelo Calcaterra, en 2007. Al delimitar el accionar delictivo entre 2008 y 2015, Macri queda afuera", detalló Esposito.

Mañana, lunes, el abogado Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, se presentará ante el fiscal Jorge Di Lello a ratificar su denuncia en el marco de la causa 132.233/18. Allí pidió que se investigara la supuesta existencia de una reunión en la quinta presidencial de Olivos entre el presidente Macri, su primo Angelo Calcaterra, el exgerente de IECSA Javier Sánchez Caballero y el fiscal Carlos Stornelli el fin de semana previo al lunes 6 de agosto. Sobre la base de artículos periodísticos que dan cuenta de esa reunión, Míguez denunció que en ese encuentro se definió la estrategia para que Sánchez Caballero, que estaba preso, recuperara la libertad y Calcaterra declarara como arrepentido y obtuviera una exención de prisión. Según la denuncia (y las publicaciones) Macri participó de esa reunión. El juez de la causa es Julián Ercolini, pero delegó las decisiones en el fiscal.

Fuente: Diario Tiempo Argentino